En entrevista con Pamela Cerdeira para MVS Noticias, María del Carmen Alanís, expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral; y María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, analizaron los alcances de la reforma electoral promovida por el gobierno federal.
La iniciativa, con más de seis meses en discusión, contempla una reducción del 25% al gasto electoral, la reconfiguración del Instituto Nacional Electoral (INE) —incluida la posible fusión o desaparición de sus 300 juntas distritales— y la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
“A mí me preocupa muchísimo el golpe o posible golpe a las autoridades electorales, el debilitamiento desde el presupuesto del Instituto Nacional Electoral… Eliminar el PREP es una estupidez”, advirtió Alanís.
Los especialistas cuestionaron la opacidad del proceso legislativo y la falta de consensos, señalando que no solo la oposición y la academia han sido excluidas, sino también aliados del oficialismo como el PVEM y el PT.
Para Espinosa Silis, el trasfondo del debate no se limita al financiamiento o a la representación proporcional, sino a disputas anticipadas por las candidaturas rumbo a 2027. “Hay un verdadero diferendo entre los partidos aliados sobre cómo se reparten esas candidaturas”, sostuvo.
En el plano técnico, Marván explicó que aunque se mantendrían 300 diputaciones de mayoría relativa, las 200 restantes se definirían mediante esquemas como listas abiertas y la figura de “mejores perdedores”, lo que podría propiciar sobrerrepresentación del partido mayoritario. También alertó sobre la falta de mecanismos claros para blindar los comicios frente a la infiltración del crimen organizado.
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