Vi que el hijo menor del presidente fue tendencia en las redes sociales durante el fin de semana, pensé todo el tiempo en si opinar o no, y claramente no utilizando su nombre, pues hacerlo, aun así sea para bien, se ayuda en mantener viva una tendencia vergonzosa.

No hay puntos medios en esto, simplemente no, no se abre la boca o se escribe o se tuitea para criticar o juzgar a un menor de edad, sea el hijo del presidente o del vecino. No se acosa a un adulto por su físico, mucho menos a una persona menor de edad. Las y los menores de edad merecen protección ante el pantano de mierda que somos los seres humanos en las redes sociales, y urge un debate serio al respecto. Y no basta con “prohibirles” con que vean lo que se dice de ellos redes, pues, en primera parte, terminan doblemente castigados, es más que seguro que los memes y comentarios que se hacen sobre ellos, los reciban directamente de sus “amigos” a través de WhatsApp en un gesto “solidario” para que sepan lo que está pasando, y seguramente en otros casos, nada más por fregar. 

Es urgente que las empresas de redes sociales encuentren una forma tajante de proteger a los menores de edad, mucho más allá de establecer los límites de uso, y que esta no venga del estado, pues termina siempre desvirtuándose. Finalmente el Estado sí puede crear campañas de comunicación contra el acoso, y ésta tendría que empezar desde la máxima tribuna del poder, lo que por cierto, se antoja imposible. 

El Estado Mexicano ha fallado en su obligación de proteger a las infancias, es un hecho histórico, el cual además se ha acrecentado en la última administración. El primer golpe llegó con la cancelación del programa de Estancias Infantiles, bajo el argumento de siempre: corrupción, fue borrado de un plumazo un programa que garantizaba que los recursos fueran utilizados para que las y los más pequeños tuvieran garantizado un lugar para su desarrollo, mientras sus madres podrían insertarse dentro del mercado laboral. Es cierto, el programa no terminó, pero se redujeron los recursos para cada menor, y al entregar el dinero directo, el gobierno renunció a proteger a los más vulnerables. 

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El desmantelamiento de la reforma educativa, terminó con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), lo que nos quitó una institución y un una herramienta valiosísima para poder medir el desempeño de las distintas políticas en materia educativa, saber si los niños aprenden más y mejor y entender en dónde hay que apretar para que tengan todo lo necesario para enfrentar un futuro globalizado. No lo hay, hoy la educación está secuestrada ideológicamente, tan lejos de la realidad que bastaba con escuchar los tristísimos testimonios de maestros cuando decidieron que quitarían el programa de Escuelas de Tiempo Completo. No sólo les daban más horas de protección escolar, también garantizaban el que quizá sería el único alimento al día de esos niños. El programa, sigue pendiendo de un hilo. Bajo el mismo argumento, el de la corrupción, los recursos destinados a infraestructura educativa, también comenzaron a entregarse directamente a los padres de familia, el gobierno, renunció otra vez a su responsabilidad que lo que se construyera garantizara la seguridad de los menores. Ahora el dinero se reparte, y verificar quién lo hizo, con qué estándares, si se uso de forma correcta o no es como buscar una aguja en un pajar. 

No está de más decir, que los niños y niñas han sido los más golpeados con el desabasto de medicamentos oncológicos, que sus padres han sido ignorados cientos de veces, e incluso deslegitimados desde el poder, como si exigir una obligación del estado fuera un movimiento político de la oposición. Tampoco está de más recordar que hasta esta semana, México era el único país en el continente que no había vacunado a los menores entre 5 y 11 años de edad contra Covid-19. Las organizaciones de la sociedad civil que atienden asuntos de infancias viven las más obscuras de sus épocas, pues como nunca, el gobierno ha decidido dejar de escucharlas. 

Temas como la trata de menores, el embarazo adolescente y la pornografía infantil no están en la agenda del poder. Delfina Gómez nunca respondió al escandaloso reporte que reveló una red de trata de menores en las escuelas del país. 

Quienes critican al hijo menor de edad del presidente merecen un cachito en el infierno. Los responsables de lo que se le ha hecho a todas las infancias en este sexenio, merecen un espacio en prisión.

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